La población en el planeta se acerca a los 7.000 millones de habitantes y la estabilidad ambiental se encuentra en una situación delicada. Si bien, el calentamiento global ha existido a lo largo de la historia por causas naturales, en la actualidad son las actividades humanas las que han alterado el perfecto pero delicado clima del planeta. Se ha comprobado que los gases de efecto invernadero (GEI), después de su emisión, perduran en la atmósfera 100 años más, es decir, que si en 2011 emitimos cierta cantidad de GEI, estos estarán presentes hasta 2111, situación que no sólo perjudica a las presentes generaciones, sino a toda la vida del planeta durante el próximo centenario.
La Ley General de Cambio Climático, que en diciembre fue pasada por el Senado de la republica, y ahora ha sido turnada a la Cámara de Diputados para su aprobación, establece las bases para fortalecer un marco regulatorio nacional y una política pública hacia un desarrollo bajo en emisiones. Este cambio se traduce en dar facultades a la Federación, las Entidades Federativas y a los municipios para que a través de un nuevo esquema se promueva el desarrollo económico sustentable. Los temas directamente tratados en esta ley son la generación y el uso de energía, el transporte, la agricultura, ganadería, los bosques, residuos o desechos, procesos industriales y salud, entre otros.
A nivel multinacional, parece casi imposible llegar a un entendimiento entre los países para lograr hallar una solución que minimice esta situación. La COP17 en Durban no fue gran ayuda, en cambio, se constató la poca voluntad política de los gobiernos para hacer frente al problema del cambio climático. Aunque se saben las consecuencias catastróficas del cambio en el clima, muy poco se ha hecho por cambiar la situación que nos está llevando hacia allá.
México es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, tanto por sus características geográficas como por su realidad socio-económica y productiva. El país debe emprender acciones urgentes para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a la vez que trabaja con las poblaciones más vulnerables para que puedan minimizar el impacto que el fenómeno cause sobre ellas.
El transporte es la segunda fuente de emisiones GEI, con el 20% de las emisiones mundiales, solo un punto por debajo de la producción de energía. Sin embargo, es importante resaltar que el transporte terrestre es la actividad más intensiva en términos de consumo de combustibles y de emisiones.
En materia de transporte, la ley a punto de aprobarse establece, como medida de mitigación, incrementar el transporte público masivo con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y al desarrollo de sistemas de transporte urbano y suburbano, la inversión en infraestructura no motorizada, la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta, programas de verificación vehicular obligatoria, programas y rutas de transporte para disminuir los tiempos de traslado, así como reducir el uso de automóviles privados, el consumo energético y la incidencia en enfermedades respiratorias. En ella también se habla del cumplimiento de planes de desarrollo urbano, del ordenamiento jurídico de viviendas, de promover el trabajo en casa, de ejecutar programas de vivienda, ofrecer servicio de transporte colectivo para trabajadores, crear edificaciones sustentables, entre otros temas.
En el tema del Fondo Metropolitano y de los presupuestos, se establece captar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de las acciones en los tres niveles de gobierno .Queda claro que, sin financiamiento para estas medidas en específico, el trabajo no podrá llevarse a cabo.
En ITDP consideramos necesaria la aprobación de esta ley, porque establece las políticas básicas para impulsar la movilidad sustentable e incluyente al considerar a la bicicleta, al peatón, el transporte público y la gestión de la demanda de transporte como medidas para reducir las emisiones de CO2. Además, promueve estrategias basadas en la visión de EVITAR, CAMBIAR y MEJORAR. Esto se aplica para evitar el uso del automóvil, cambiar por los medios de transporte público masivos o no motorizados, y finalmente, mejorar e incentivar en cuanto al uso de tecnologías limpias y combustibles menos contaminantes, respetando además los derechos humanos, la equidad de género, y el bienestar social.
Hacemos un llamado a todos los miembros de la sociedad a apoyar la Ley General de Cambio Climático, ya que los beneficios económicos y sociales son mayores que los costos de inacción. Según el Informe Stern, si se destinara el 1% del PIB mundial al combate del cambio climático, se ahorraría entre un 5 y 10% del PIB mundial. Es decir, el costo de actuar para reducir los impactos del cambio climático es menor que los costos de al no hacer nada.
A continuación les presentamos algunas notas en prensa al respecto:
Nota en Reforma:
Nota en La Jornada:
ONG urgen a ratificar Ley General del Cambio Climático (El Sol de México)
Urgen aval a ley de cambio climático (Terra)
ONG exigen aprobar ley de cambio climático (El Universal)
Sociedad civil exhorta a diputados a aprobar Ley General de Cambio Climático (SDP Noticias)