Un marco legislativo que haga frente al cambio climático no solo demuestra consistencia con los compromisos internacionales de México, sino que apoya la creación de una estructura financiera y de incentivos para propiciar un desarrollo bajo en emisiones. La Cámara de Diputados acaba de aprobar la Ley General de Cambio Climático y ahora se exhorta a que en el Senado se complete el proceso, para que tengamos una ley que enmarque el tema en el país, abordándolo tanto a nivel federal como estatal y municipal.
En las organizaciones firmantes se encuentran CTS México, Greenpeace, CEMDA e ITDP México, entre otras.
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La Ley General de Cambio Climático fue aprobada el 19 de abril, un día después de la publicación original de este post, por unanimidad en la cámara de Senadores. Esto representa un gran paso para México y marca un extraordinario precedente, pues con ella el país avanza en el establecimiento de un marco regulatorio que de certidumbre a la política nacional de combate y adaptación al cambio climático. Entre los elementos más destacables de la ley se encuentran:
- El reconocimiento de la necesidad de transitar hacia una economía competitiva de bajas emisiones en carbono, que regula tanto gases como componentes de efecto invernadero;
- La creación y fortalecimiento de una estructura institucional y transversal que atiende el cambio climático, a través de un Sistema Nacional de Cambio Climático que promueve la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios en el combate al problema; así como la creación de un Institución Nacional de Ecología y Cambio Climático que aumenta y mejora la investigación en el tema; además de la consolidación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático que fomenta una mejor coordinación entre el Gobierno Federal y otros actores involucrados;
- La definición de criterios y medidas claves para promover la mitigación a través de la generación de energía por fuentes renovables, la promoción de sistemas de movilidad sustentable, el manejo adecuado de residuos y el manejo sustentable de los recursos forestales; así como la definición de criterios de adaptación y reducción de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático;
- La formulación de una política de largo plazo en materia de cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas estatales y con otras leyes aplicables;
- El fomento a la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología que privilegie las actividades y tecnologías que contribuyan menos con las emisiones;
- La creación de un Fondo Verde Mexicano que promueva un mayor flujo de recursos nacionales a través de la asignación presupuestal, e internacionales a través del mejor control de los flujos dirigidos al combate del cambio climático;
- El diseño y promoción de instrumentos económicos y fiscales para incentivar la reducción de emisiones y la participación de actores públicos y privados en la materia;
- La creación de esquemas de participación de sectores como el privado, el académico y el social en el diseño y evaluación de la política climática;
- El reconocimiento de metas de reducción de emisiones de 30% al 2020 y 50% al 2050; así como de las metas de participación de energía limpia en 35% al 2024; y la promoción de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles como mecanismo para incentivar la participación de la energía renovable;
- La consolidación de esquemas de medición, reporte y verificación de emisiones, a través del registro, la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de la Ley, que contempla un esquema de sanciones.
La Ley deberá ser fortalecida y mejorada en los próximos años, para hacer de ella, una Ley más ambiciosa. Sin embargo, las organizaciones firmantes se congratulan del esfuerzo realizado por el Poder Legislativo y piden al Ejecutivo poner en marcha la elaboración del reglamento para, a la brevedad, dar paso a la instrumentación de la ley.