El cambio climático y el transporte están directamente relacionados, por ello es necesario que nuestros gobiernos regulen y mejoren la movilidad urbana mediante diferentes métodos.
La dependencia al consumo de combustibles fósiles ha provocado cada vez mayores concentraciones de C02 en la atmósfera y el aumento en la temperatura del planeta. Hace algunos días la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos informó que se había llegado la máxima concentración de bióxido de carbono desde que la humanidad habita la Tierra, alcanzando el umbral de los 400 partes por millón, nunca antes experimentado por la humanidad, provocado en un 41% por el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad y calefacción y en 22% por lo utilizado en el sector transporte (IEA, 2010).
Desde hace más de dos décadas, se inició un proceso de negociación multilateral entre los diversos paises, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la atmosfera. La herramienta sería el desarrollo de políticas internacionales que fomenten el desarrollo sustentable y así evitar afectar el futuro de las próximas generaciones. Aunque en la última Conferencia de las Partes (COP 18), que tuvo lugar en Doha, Qatar a finales del 2012 se logró una enmienda al protocolo de Kioto, pero, a raíz de la oposición de China y Estados Unidos, no se logró un consenso internacional efectivo y vinculatorio que impulse la reducción de emisiones de acuerdo con el principio conocido como “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
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México, contribuyó en 2011 con el 1.4% (IEA, 2010) de las emisiones globales derivadas de la quema de combustibles fósiles. Nuestro país ocupa el doceavo lugar a nivel mundial en términos de emisiones. También es considerado altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Según datos de Semarnat, el cambio climático cuesta al país 75 mil millones de pesos al año, cantidad mayor al mismo presupuesto anual con el que cuenta la Secretaria, a raíz de los embates que se necesitan realizar contra huracanes, lluvias intensas y sequias.
Recientemente se ha impulsado una política climática desde diferentes sectores de la sociedad. Primero, con la aprobación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) se estableció un marco regulatorio que define las facultades de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios para la aplicación de políticas públicas que regulen las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de origen antropogénico (emitídos por las actividades del hombre). Ésta se materializa en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y pretende financiarse mediante el Fondo para el Cambio Climático, con miras a transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono, competitiva y sustentable.
Los principales objetivos que propone la ENCC 2013-2017 en materia de movilidad, en su visón de 10-20-40 años serán: crear un sistema de incentivos para el uso de combustibles no fósiles, implementación de las medidas NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions), adopción de sistemas de movilidad sustentable, esquemas socioeconómicos en cuanto al uso de transporte sustentable, desacoplamiento de la dependencia a combustibles y sus impactos ambientales, y uso común de trenes y vehículos eléctricos.
Mediante ejes estratégicos y líneas de acción, se pretende acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia y transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad integral, gestión integral de residuos y edificaciones con baja huella de carbono.
No obstante a las aspiraciones de reducción en emisiones de CO2 del país, sectores estratégicos como el energético siguen apostando a la explotación de gas natural y petróleo, así como a la exploración y explotación de recursos no convencionales para adaptar la oferta a la demanda actual de servicios, principalmente, en zonas urbanas, sin que se promueva un cambio de consumo, ponderando tanto presupuesto como interés en el desarrollo de proyectos petroleros (aguas profundas) y de gas natural (shale gas), al igual que inversión en la transición energética y sistemas integrados de transporte para la reducción del uso del automóvil.
Cabe destacar que si la planeación, las políticas y el financiamiento nacional no están alineados bajo los objetivos y metas climáticas, como es el caso actualmente, el impacto real de la política climática será casi nulo, sin una Reforma Energética que promueva una verdadera transición y desincentive la dependencia económica y social a los combustibles fósiles. Asimismo, se requiere que tanto los Planes Nacionales de Infraestructura y Transporte, como el de Desarrollo Urbano, vinculen el tema de la movilidad sustentable con el de desarrollo urbano compacto, mixto y denso, para minimizar las distancias y así el consumo energético que están teniendo las ciudades del país en transporte, ya que estas concentran el 77% de la población nacional(#77Urbano).
Paralelamente, si sumamos la Reforma Fiscal, se podría establecer un sistema de incentivos para el desarrollo e implementación de energías renovables y sistemas de transporte público sustentable, así como impuestos por congestión y emisiones de CO2. Los recursos petroleros dedicadas a fomentar el cambio de consumo energético, deben ser mayores que el 0.09% que actualmente se destina a dichos fines.
Sin duda, las siguientes reformas estructurales que tendrá el país, la Reforma Energética y la Reforma Fiscal, pueden ser el camino para que las estrategias y las metas de mitigación sean integradas, y tengan un impacto real en la reducción de emisiones y el aumento de los co beneficios, con el fin de lograr el desarrollo bajo en carbono. Una visón sistemática a largo plazo fortalecerá el Programa Especial de Cambio Climático próximo a publicarse.